Plataforma Urbana

(El Mercurio, 17/12/2008)

Los habitantes de la villa “17 de Noviembre” desean permanecer en el lugar, aunque no cuentan con los servicios más básicos como luz, agua y alcantarillado. “Esto es mejor que nada”, dicen.

Miles de personas olvidadas por los planes oficiales argentinos de obras públicas y angustiadas ante un inminente desalojo, ocupan una superficie de más de cien hectáreas, cercana a los accesos a Buenos Aires, con la esperanza de cambiar sus precarias mediaguas por viviendas dignas.

Aunque es el mayor asentamiento de la periferia de la capital argentina, montañas de residuos hacen las veces de empalizada, y queda prácticamente invisible para los automovilistas que circulan por el Camino Negro, transitada autovía que conecta la ciudad con el sur de su cinturón urbano.

“La idea es resistir pase lo que pase. De acá no nos vamos”, dice a la agencia EFE Mario, uno de los tantos vecinos de barrios aledaños a los que se les hizo imposible pagar la renta de una vivienda y ese predio se convirtió prácticamente en la única opción para “no tener que dormir en la calle” junto a su familia.

En el lugar, al que la gente llama “17 de Noviembre”, ya que fue tomado ese día del mes pasado, viven unas 7.500 personas, según un censo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque los propios pobladores admiten que el número crece a diario.

Cuatro días después de la ocupación del terreno, que llevaba décadas vacío, la policía intentó desalojarlo en una operación en la que hubo balas de goma y gases lacrimógenos, y resultaron heridas siete personas, una de ellas un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Los vecinos, tanto argentinos llegados desde distintos puntos del país como inmigrantes paraguayos, bolivianos y de otras naciones limítrofes, resistieron con un bloqueo del Camino Negro que duró más de cinco horas.

“Las tierras tienen dueño, los impuestos están al día”, sostuvo Julio Massara, secretario de Obras Públicas de Lomas de Zamora, municipio que, según dijo, entablará “negociaciones con la familia propietaria para fijar una cifra de compra”.

Pero en el asentamiento casi nadie cree en esa promesa, ni en que las autoridades no ordenarán desalojos. Incluso temen una nueva acción policial antes de fin de año.

“Esto lo hice yo”, señaló Valeria desde su mediagua hecha de cartón y madera que comparte con sus hijas Martina, de 5 años, y Nicole, de 9, donde trata de “seguir de cerca el expediente judicial por la usurpación del predio”, lo cual se le “hace difícil por falta de dinero para pagar un buen abogado”.

La joven reflexiona que a la falta de agua potable, electricidad, alcantarillado y cualquier otro servicio básico se suma que “acá no hay ni un árbol” para refugiarse del sol “y cuando llueve se inunda, pero igual es mejor que nada”. Valeria destaca que los mismos ocupantes dividieron el terreno en lotes con postes unidos por sogas y recuerda que en lo que hoy es el asentamiento “se encontraron cadáveres, había robos y violaciones”, mientras que “ahora está todo bastante tranquilo”.

“Somos gente de trabajo, estamos dispuestos a pagar por la tierra y a construir nuestras casas. Con mi esposa y mis tres hijos no queremos vivir en una villa”, dice Ramón en alusión a los barrios de poblaciones marginales que proliferan en el conurbano bonaerense.

Acción de la justicia

Recientemente la justicia argentina ordenó a las fuerzas de seguridad que impidan “el ingreso de vehículos que contengan materiales de construcción” a la denominada Villa 31, la más grande de Buenos Aires y donde ante la falta de espacio proliferan las viviendas precarias de varios pisos con el consecuente riesgo de derrumbes.

En la capital argentina se desaloja más de un edificio ocupado por día.

En los primeros ocho meses del año hubo 253 procedimientos judiciales por usurpación de viviendas y hasta fin de año están previstos otros 157 que afectarán a unas 1.700 familias, según datos entregados a EFE por el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad.

AYUDA

SEGÚN estadísticas oficiales, los planes de gobierno permitieron construir o mejorar 326.511 casas para 1,4 millón de favorecidos en los últimos cinco años.

Foto de: Reuters