Plataforma Urbana

(El Mercurio, 10/09/2008)

En las últimas semanas se ha intensificado la polémica en torno al proyecto que reforma la Ley de Concesiones. A favor de ésta se han manifestado el Ministerio de Hacienda, algunos académicos y el anterior ministro de Obras Públicas. Se oponen a ella la asociación gremial de concesionarios (Copsa), otros ex titulares y altos funcionarios del MOP y, aparentemente, algunos parlamentarios.

El proyecto en debate responde a las deficiencias del funcionamiento del sistema de concesiones. Éstas tuvieron un éxito espectacular en desarrollar la infraestructura nacional durante la segunda mitad de los años 90 y principios de la presente década, pero hace ya varios años que el número y montos de obras concesionadas se han reducido. Concesiones recientes -como las de cárceles- han tenido serias dificultades. Los problemas comenzaron con la rápida expansión de aquéllas y sus efectos sobre el MOP, que finalmente llevaron a la caída de su titular Carlos Cruz, por el escándalo MOP-Gate. Los ministros posteriores estuvieron más preocupados por recuperar el ministerio que por licitar nuevas concesiones. Además, el MOP disponía de recursos limitados, pues se habían comprometido gastos de presupuestos futuros en renegociaciones y otros gastos del proceso respectivo.

Estos problemas evidenciaron la necesidad de una modificación de la normativa legal en esta materia. Es necesario mejorar la resolución de conflictos; hacer transparentes y limitar las renegociaciones de los contratos; terminar con el doble papel promotor y supervisor de proyectos que hoy tiene el MOP, y otros cambios menores.

La preocupación por el uso excesivo de las renegociaciones tiene fundamentos: un estudio reciente muestra que, en promedio, cada una de las 50 concesiones ha sido renegociada tres veces y, en consecuencia, el 25 por ciento de los montos invertidos en concesiones no ha resultado de un proceso competitivo. Las renegociaciones -sin una supervisión independiente que permita determinar si el acuerdo correspondiente es equitativo- suman dos mil 320 millones de dólares.

La reforma propuesta sujetaría las renegociaciones al informe favorable de una comisión en la que partici-parían expertos independientes y limitaría el ámbito de causas sobrevinientes para renegociar contratos. Esto debería reducir el uso excesivo de aquéllas para corregir errores de diseño del MOP. En el caso de modificacio-nes sustantivas, se requeriría el llamado a una licitación para las obras adicionales. Esto aseguraría que los cos-tos fuesen competitivos, aunque podría introducir problemas de coordinación si los cambios ocurriesen durante la etapa de construcción del proyecto original. Las comisiones arbitrales deberían resolver conforme a derecho -la ley y los contratos-, y no en equidad, ya que en ocasiones esto último hace hoy que sus determinaciones se alejen de las normas legales y contractuales.

En contrario, varias razones se invocan para oponerse a la reforma. Hay quienes temen que ella rigidice las concesiones y entorpezca el desarrollo de nuevas obras (otros excesos de sobrerregulación estatal justifican esta aprensión), o que aparezcan problemas operativos al licitar obras adicionales en un proyecto ya en construcción. Además, las actuales reglas han solido ser muy beneficiosas para las empresas concesionarias, mas no necesariamente para el país, que costea las obras.

Aunque hasta ahora la reforma no ha sido modificada sustancialmente en el Congreso, parece abrirse paso cierto ánimo de dilatar o aun archivar este proyecto, o eliminar sus puntos esenciales.

Sería importante para la imagen pública del sistema que la autoridad explicitara y fundamentara con claridad su posición a estos respectos.