Editorial – Licitaciones portuarias
(El Mercurio, 09/09/2008)
La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) ha decidido aplazar el llamado a licitación para ampliar el puerto y para la construcción y operación de un nuevo terminal. El frente de atraque ya concesionado se acerca al punto de congestión, por su exitoso manejo comercial durante los últimos años, lo que le ha permitido arrebatarle carga al puerto de San Antonio.
El motivo del retraso es el retiro y reformulación de la consulta de EPV al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La consulta original buscaba determinar si el actual concesionario del puerto de Valparaíso podría participar en la licitación del nuevo frente de atraque. Esto, porque si obtenía la concesión, potencialmente podría afectar la competencia portuaria en la V Región.
En efecto, si el tribunal aprobaba la participación del concesionario en la licitación de Valparaíso, habría sido difícil rechazar en el futuro la participación del de San Antonio en la licitación del segundo terminal en este puerto. Así, la consulta separada podía forzar la decisión del tribunal, sin que éste pudiera analizar el efecto conjunto sobre la competencia del hecho de que los dos puertos de carga general de la V Región tuvieran un solo concesionario.
La nueva consulta tratará de establecer un criterio común para ambos en forma simultánea, lo que permitirá una decisión más informada -al costo de retrasar la licitación-. El concesionario actual objeta este retraso, sosteniendo que el puerto de Valparaíso está cerca del límite de congestión o, más precisamente, que lo estará antes de completar la expansión, dado el tiempo que demoran las obras.
Otra razón para oponerse a la nueva consulta es que parece más probable que se rechace su participación en la licitación si el tribunal advierte que eso podría traducirse en sólo dos competidores en carga general en la V Región, en contraste con los cuatro que podría llegar a tener si prohíbe la integración horizontal en los puertos de la misma. Hasta ahora, los concesionarios de ambos puertos han competido intensamente, pero esto podría cambiar sin la amenaza de la entrada de nuevos competidores.
Debido a la pérdida de carga desviada a Valparaíso, San Antonio tiene capacidad disponible en contenedores, por lo que la V Región en conjunto tiene un margen que le permitiría soportar el atraso de la licitación por los meses que tardaría un fallo del TDLC.
Además, dado que aún no está congestionado, no es claro que el segundo frente de atraque en San Antonio pueda ser licitado, pues el contrato con el concesionario establece que para licitar se requiere un alto grado de utilización, lo que aún no se alcanza, a resultas de la competencia de Valparaíso.
En todo caso, la empresa portuaria estatal de San Antonio está avanzando en los estudios previos a la licitación, pese a la oposición de su homóloga de Valparaíso y a la probable presentación de recursos por el concesionario de San Antonio.
Más allá de estos conflictos, las concesiones portuarias están entre los mayores éxitos del proceso de licitación de infraestructura pública que comenzó en los años 90. Los concesionarios han invertido, la capacidad portuaria ha aumentado, y el costo y el tiempo para transferir carga han disminuido. Como consecuencia de este cuadro general, hay interés de varias firmas internacionales en participar en las licitaciones de los puertos de la V Región. Si en ese proceso entran nuevos participantes a la industria portuaria, se garantizaría que la intensa competencia actual se mantenga en el futuro, con los consiguientes beneficios para el comercio exterior chileno.
