(El Mercurio, 02/09/2008)
En 2006, el Gobierno informó que se cancelaba el Puente de Chacao, porque sus costos se acercaban a los mil millones de dólares, casi tres veces más que lo previsto cuando se anunció su construcción bajo la administración anterior. La Presidenta ordenó al ministro de la época que en una semana preparara un plan de inversiones alternativo que mejorara la conectividad de Chiloé. Hace pocos días, se anunció que el Plan Chiloé se atrasará dos años y que su costo será casi el doble de lo anunciado originalmente, comenzando a acercarse así al valor del puente descartado.
Se comprende la decepción y el pesimismo de las autoridades de esa isla, pese a que existe cierto grado de avance de las obras -no más del 10 por ciento de lo prometido, según sus denuncias.
La postergación del puente para un futuro lejano fue razonable, dados sus costos y las predicciones de flujo de vehículos. También la idea de un mejoramiento integral de la conectividad de Chiloé parece correcta, ya que sus efectos, distribuidos a través de la isla, reducirían los costos generales de transporte, y no sólo los de conexión al continente.
Sin embargo, desde un comienzo se criticó la falta de concreción de las obras, e incluso se removió al primer jefe del plan.
El ministerio explica el aumento de costos de éste como resultado de los habidos en la construcción y del cambio en la ingeniería de proyectos, para servir mejor las necesidades de la isla. En efecto, los mayores costos de la construcción son un fenómeno mundial, aunque tal vez su magnitud no corresponda exactamente a la que invoca el MOP.
El cambio en la ingeniería de proyectos es más difícil de explicar. Quizás por el estrecho plazo -una semana, posteriormente ampliado- otorgado para preparar el plan, éste haya sido deficiente en su diseño inicial, y los atrasos actuales se deban a correcciones necesarias. Quizás podrían agregarse debilidades técnicas y organizacionales dentro del ministerio -que hacen necesaria su modernización-. En todo caso, debería descartarse categóricamente que el MOP pueda estar bajo presión de grupos de interés en la isla que exijan tales cambios.
Si las modificaciones ocurren sobre la marcha, el resultado será un fuerte aumento de costos y una mayor rentabilidad de las empresas contratistas. Hasta ahora no se sabe si se han evaluado socialmente los proyectos modificados.
La operatividad que hoy caracteriza el actuar de OO.PP. debe tener un correlato en la eficacia demostrada de sus proyectos.
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