Plataforma Urbana

(El Mercurio, 29/08/2008)

El Gobierno ha decidido dejar para el fin de su mandato la modernización del Ministerio de OO.PP. Cabe desear que esta postergación no signifique abandonar este proyecto, llamado a lograr que este ministerio clave -maneja un presupuesto de más de dos mil millones de dólares, y supervisa el gasto en concesiones de infraestructura- descarte diversas modalidades ya anticuadas y prácticas ineficientes.

Esta preocupación se extiende también al proyecto de reforma de la Ley de Concesiones. En la Comisión de OO.PP. que lo estudia hay propuestas para eliminar sus puntos principales, o para rechazarlo por completo. La asociación gremial de los concesionarios (Copsa) se ha opuesto a él, señalando que podría reducir las inversiones en concesiones en Chile, pero no se dispone de una evaluación imparcial concluyente que indique que, en las condiciones vigentes, tales inversiones sean las óptimas para el país.

Copsa también estima errado reglar las renegociaciones de los contratos de concesión, y que los arbitrajes en caso de conflictos se resuelvan por árbitros que actúen y fallen de acuerdo a derecho -sujetándose al contrato de concesión y a la normativa legal-, y no en equidad.

El sistema de concesiones ha sido exitoso en dotar a Chile de carreteras y aeropuertos muy superiores a la infraestructura previa a la participación privada. Se ha reducido el costo de transporte entre ciudades y en Santiago, y han aumentado la comodidad y la seguridad de los viajes. Estas ventajas deben ser sopesadas con sus deficiencias. Desde luego, en el caso MOP-Gate, la justicia ha detectado figuras de corrupción asociadas a la Dirección de Concesiones. Otra deficiencia son las constantes renegociaciones de los contratos. Un estudio reciente mostró que, en promedio, las 50 concesiones se han renegociado tres veces, por casi dos mil 500 millones de dólares. Así, el 25 por ciento del total invertido en concesiones fue adjudicado después de otorgarse ellas, sin un proceso competitivo ni supervisión de terceros.

La renegociación es común en proyectos de infraestructura a medida que se descubren errores o formas de mejorar la propuesta original. Si los proyectos están bien preparados, tales cambios son menores, y no alcanzan a adquirir la magnitud que se observa en este caso. Copsa ha señalado que las renegociaciones ocurren a petición del MOP, por requerimiento de los proyectos concesionados. Siendo así, es evidente la necesidad de un mejoramiento de los procesos de aquél, para que pueda diseñar proyectos que no necesiten modificaciones tan considerables.

La reforma a la Ley de Concesiones plantea una evaluación de los procesos de renegociación por instituciones independientes, que deben velar por el equilibrio económico en los contratos complementarios, para no favorecer al MOP ni al concesionario. Ante modificaciones importantes, se requiere licitar las nuevas obras, para garantizar que su costo sea el de un proceso competitivo.

Urge reformar la Ley de Concesiones, pues hasta ahora los proyectos concesionados eran técnicamente simples -en su mayoría, carreteras de alto tráfico, que se podían autofinanciar-, pero en el futuro ellos serán más complejos, por su infraestructura -hospitales o cárceles- y porque requerirán subsidios importantes. Así, las deficiencias actuales adquirirían mayor importancia, y los costos para los usuarios y el fisco crecerían a la par.