Demolición de casas sobre la cota mil en Lo Barnechea

El crecimiento por expansión de Santiago es uno de los temas por excelencia a la hora de referirse a la manera en que se desarrolla la capital. Si bien la última modificación al PRMS plantea la urbanización regulada en toda la Región Metropolitana, existe una limitante que se impone a la hora de crecer hacia el oriente: la cota mil. La norma urbana -ratificada en el plano regulador de la Región Metropolitana- prohíbe toda edificación sobre los mil metros, siendo las razones de su origen de orden topográfico, por lo que mantienen su vigencia hasta hoy.
Sin embargo en diversos sectores de la zona nororiente de la capital se ha sobrepasado este límite; ya desde los años ’70 algunas personas se construyeron sus casas sobre la cota mil en busca de sectores alejados de la bulliciosa ciudad, tales como el cerro Pochocho, Huallalolén -el Arrayán- y, en años posteriores, las faldas del Cerro Manquehue. Si bien los habitantes de estas zonas aseguran estar totalmente integrados a la ciudad, afirmando que “Tenemos teléfono, luz, agua, llega la pizza cuando la pedimos, la municipalidad nos dio un número, nos recoge la basura una vez a la semana”, la realidad es que legalmente su situación es irregular, lo que ha llevado el tema a tribunales.
La ofensiva comenzó durante el mes de agosto tras el requerimiento de la Contraloría, el cual surgió de una denuncia de la agrupación Defendamos la Ciudad. Llevando esto a hechos, lo que ocurre es que hace algunos días la Municipalidad de Lo Barnechea dio orden de demoler tres casas ubicadas en el Cerro Pochoco por estar edificadas sobre los mil metros de altura, y el arresto de otros 20 propietarios del sector de Huallalolén por encontrarse sin permiso. Las tres casas que presuntamente serán demolidas están ubicadas en terrenos de la Sociedad Colectiva Civil San Juan de Krondstand, quienes ya comenzaron una acérrima defensa encabezada por el abogado Luis Ureta; según argumenta éste el PRMS “congeló”, pero no prohibió la edificación sobre la cota mil, sumado a que si bien algunas personas habitan en el lugar, la Sociedad que representa tiene como finalidad ayudar a la Fundación Krondstand a mantener un colegio, lo que haría que los terrenos tengan “fines educacionales” y, por ende, se puede edificar en la propiedad.

El asunto ya no está en manos de la Municipalidad, y la alcaldesa Marta Ehlers señaló que espera la resolución del Ministerio de Vivienda para proceder, pues es éste el que tiene la última palabra. Al parecer la secretaría regional está reacia a entregar permisos individuales, lo que complica el camino de los habitantes de estas zonas.

Nos enfrentamos a un encuentro entre intereses privados y públicos, que abre el debate entre el derecho a la propiedad y a conservar su patrimonio para quienes habitan estas casas, y la búsqueda de un bien mayor y común en pos de una calidad para toda la ciudad. Habrá que esperar la resolución del Ministerio y posteriormente de tribunales, porque para defender la casa seguro que los propietarios van a llegar hasta el final. Ojalá pudiéramos observar tanto entusiasmo a la hora de defender los bienes comunes, la ciudad toda.
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